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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 7 añosLa iniciativa de los diputados independientes para extender a otros funcionarios la obligación de presentar la declaración jurada de bienes patrimoniales, no solo es un clamor que han sabido cristalizar en un anteproyecto de ley, sino que se hace necesaria. La creciente ola de denuncias de enriquecimiento injustificado de numerosos servidores públicos es tan alarmante como escandalosa. Los ejemplos ya no son una excepción; son la regla, con el agravante de un Órgano Judicial genuflexo, apartado por completo de su deber de impartir justicia, convirtiéndose en cómplice de actos dolosos. Por ello se hace necesario contar con mecanismos que propicien una mayor transparencia, a fin de que todos los ciudadanos nos demos cuenta quiénes acceden a estos puestos a meter mano del dinero de nuestros impuestos y quiénes mantiene sus manos limpias. Y para que estos mecanismos tengan eficacia, el anteproyecto debe especificar que estas declaraciones sean de carácter público y divulgadas en los sitios en internet de las instituciones donde laboran los funcionarios con esa obligación. Después de lo ocurrido con las pretendidas reformas al reglamento interno de la Asamblea, esperemos que los diputados cumplan su promesa de ser agentes de cambio, al menos, en este tema.

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Hace 7 añosEsta semana empieza la recta final del proceso de aprobación del proyecto de ley de las Asociaciones Público Privadas (APP). Una norma balanceada y moderna ayudaría a Panamá en la tarea de atraer inversiones extranjeras de calidad, a la vez que descargaría un peso importante de los hombros del presupuesto nacional y generaría empleos muy necesarios en la actual coyuntura que vive el país. El proyecto aprobado en segundo debate contiene importantes debilidades que deben ser atendidas. Por una parte, los diputados se incluyeron en la directiva del ente rector de las APP, creando una grave distorsión que se presta al clientelismo político. Por otra parte, se eliminaron las restricciones a las personas naturales o jurídicas condenadas por corrupción. Además, el esquema de las APP se presta a conflictos de intereses y a falta de transparencia, al no incluir actores claves como los municipios o los beneficiarios finales de los proyectos. Como lo ha señalado el procurador de la Administración, este proyecto no incorpora los últimos avances internacionales en la lucha contra la corrupción. Las APP pueden ser un gran mecanismo para mejorar la calidad de muchos servicios públicos. Si no se establecen buenas reglas, faltará la gestión integra de las APP, y se convertirán en otra oportunidad perdida.

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Hace 7 años

Hoy por hoy

Hace 7 añosLas escandalosas declaraciones del abogado panameño Janio Lescure , que fueron grabadas por una agencia privada de inteligencia israelí, y que este diario ha registrado toda esta semana, deben provocar más que el morbo en la ciudadanía y en las instituciones de justicia. Todos los actores del sistema judicial deben ser claros y transparentes al responder a las denuncias y cuestionamientos divulgados. Panamá no se puede quedar con una justicia cuestionada, que es incapaz de justificar sus actuaciones y validar la integridad de sus miembros. El presidente Laurentino Cortizo tiene en sus manos la tarea de completar la reforma de la justicia iniciada en el 2005. Los fallos y demás actuaciones de nuestros tribunales no pueden ser prisioneros de la duda de que fueron obtenidos a cambio de 30 monedas, o como resultado del más abyecto y repugnante tráfico de influencias. La imputación el pasado lunes del hijo y de la asistente de un exmagistrado de la Corte requieren que los panameños tomemos en serio estos esfuerzos. Nunca antes, en tiempos democráticos, había quedado tan evidente la dimensión de la sospecha que pesa sobre nuestra justicia.

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Hace 7 añosLa seguidilla de malas noticias para la constructora Norberto Odebrecht continúa a paso acelerado. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso a la empresa brasileña y a sus filiales en su lista negra, porque usó fondos de al menos dos de sus proyectos para pagar coimas. La sanción implica que por cinco años, a partir del 30 de agosto pasado, las compañías de este grupo constructor no podrán participar en proyectos financiados por este banco. Probablemente, otras instituciones financieras internacionales copien estas acciones, y le cierren otras líneas de financiamiento a esta empresa. Recordemos que los altos ejecutivos de Odebrecht mintieron en sus delaciones, omitiendo la cantidad de coimas que pagaron en realidad, y escondiendo la identidad de sus benefactores. Tres gobiernos panameños convirtieron a Odebrecht en la contratista más grande la historia de este país, sin embargo, ni la Ley de Contrataciones Públicas, ni los acuerdos de colaboración eficaz negociados por el Ministerio Público y ratificados por el Órgano Judicial, los excluyen de las licitaciones en Panamá. La decisión del BID contrasta con la tibieza de las autoridades y muestra el camino a seguir. Al final, la transparencia sí paga.

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Hace 7 añosLa Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 50 que eliminaría la facultad del Ministerio Público de ordenar detenciones preventivas en los casos que todavía siguen con el sistema inquisitivo mixto. La propuesta fue presentada por el diputado Hernán Delgado, del partido Cambio Democrático, quien también fue el gestor de la exigencia de prueba sumaria para procesar a los diputados, contenida en la Ley 55 de 2012. A primera vista parece inofensiva, pero hay que estar vigilantes de cualquier camarón legislativo, que libere a los detenidos en los casos de alto perfil, o incluso dé al traste con la extradición de aquellos investigados que huyeron al extranjero para evitar la acción de la justicia. Es claro que el proyecto clava otra estaca en el cuerpo del Ministerio Público, entidad que se ha convertido en una molestia para los políticos corruptos y sus secuaces. El nefasto precedente de la Ley 55 de 2012, que blindó a los diputados, debe ser suficiente para evitar otro gol que derrote por completo a la lucha contra la gran corrupción.

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Hace 7 años

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Hace 7 añosLa serie de reportajes que publicamos desde hoy se basa en los hallazgos de un ciudadano que, sientiéndose vulnerado por la justicia local, contactó una agencia de inteligencia israelí para que lo ayudara a documentar los vicios del sistema. Una vez contratados, los agentes encubiertos se dieron a la tarea de atraer y hacer hablar a un abogado panameño que, en aras de vender sus servicios a un supuesto cliente ruso, hizo gala de las artimañas que sabe utilizar para gestionar, desde permisos hasta fallos judiciales. El material –grabaciones y videos- fue obtenido en territorio español y divulgado por primera vez en ese país. Una vez este diario tuvo acceso a las grabaciones, dado que eran de índole privada, la pregunta fue: ¿Publicamos? Si hoy nuestros lectores tienen acceso a este relato y a los audios que lo sustentan es porque concluimos que la libertad de expresión tiene una dimensión que conlleva la obligación de difundir información de interés público y que nuestro deber es garantizarle a la comunidad ese derecho. Dicho esto, solo queda advertir que estas publicaciones exponen de manera descarnada una herida que sigue abierta y que amenaza a todo un país. Nuestro sistema de justicia está enfermo.

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Hace 7 añosHace dos meses exactos, Laurentino Cortizo tomó posesión. La población acogió con optimismo el discurso del nuevo presidente en cuanto a desarrollo económico y social, así como sus señales de una posible inclinación hacia el respeto a la independencia de los órganos del Estado. Con una Asamblea renovada, en la que 35 de los 71 diputados son copartidarios del nuevo mandatario, no se auguraban tensiones como aquellas que distinguieron los últimos años del gobierno anterior, cuando los nombramientos solicitados por el entonces jefe del Ejecutivo abrieron la puerta a una guerra de baja intensidad que comprometió la aprobación de importantes leyes. Pero Cortizo no parece estar inmune a una situación semejante, no porque se encuentre ante una ruptura política con la bancada de su partido, sino porque algunos diputados de esa facción impulsan su propia agenda, invadiendo algunas atribuciones propias del Ejecutivo. Así vemos que, sin ningún estudio del problema ni articulación con los objetivos de gobierno, miembros de la bancada perredista promueven ciertas propuestas legislativas que marchan en rumbo de colisión con las políticas definidas por el Ejecutivo. Aunque la independencia de ambos órganos podría hasta ser encomiable, ojalá estos arrebatos de la Asamblea sean una simple manera de generar atención esporádica, y no estemos ante una nueva modalidad legislativa para hacerse temer, y luego resolver calladamente a punta de prebendas.

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Hace 7 añosEl panorama actual de la Caja de Seguro Social evoca cualquier cosa, menos seguridad. Enfrenta una inexcusable falta de medicamentos; somete a los asegurados a esperas casi interminables por las citas médicas; las historias ligadas a sus licitaciones son de terror; y su mora quirúrgica podría ganar un campeonato. Parece que, con excepción del todavía director general de esa institución, todos los panameños la asociamos con el desgreño que evidentemente la amenaza. Su presupuesto de funcionamiento e inversión, de más de $4 mil 438 millones para el año 2019, no fue suficiente para que tuvieran el decoro de presentarnos estados financieros auditados –los últimos se remontan a 2017– y, menos aún, los estudios actuariales indispensables para definir la sostenibilidad del sistema definido del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La junta directiva de la CSS debió designar una terna de la que se escogería la persona que enfrentará esos desafíos al frente de la institución en los próximos cinco años. En cambio, envió al Ejecutivo las hojas de vida de los 17 candidatos al puesto para que este les haga también esa parte del trabajo. Qué difícil es separar en esa conducta a la negligencia de la irresponsabilidad.

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